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Esto es lo que podría pasar con la economía de EE. UU. al etiquetar de ‘terroristas’ a los cárteles

Desvincular las operaciones de los cárteles de los intereses estadounidenses en México podría ser complicado. Las empresas de EE. UU. podrían verse atrapadas por pagos hechos a sus contrapartes mexicanas sin conocer sus vínculos con un cártel.

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La orden ejecutiva del presidente Donald Trump que designa a los cárteles mexicanos y otras organizaciones criminales como terroristas extranjeros podría obligar a algunas empresas estadounidenses a renunciar a hacer negocios en México en lugar de arriesgarse a sanciones estadounidenses, según exfuncionarios del gobierno y analistas, un resultado que podría tener un efecto importante en ambos países dada su profunda interdependencia económica.

La orden ejecutiva, que Trump firmó el lunes, tiene por objeto aplicar la máxima presión sobre México para frenar su peligroso comercio de drogas. La designación, en términos más generales, también da a su gobierno más poder para imponer sanciones económicas y restricciones de viaje, y potencialmente incluso para emprender acciones militares en países extranjeros.

Sin embargo, desvincular las operaciones de los cárteles de los intereses estadounidenses en México podría ser inmensamente complicado. México es el mayor socio comercial de bienes de Estados Unidos, y muchas empresas estadounidenses tienen operaciones de fabricación.

Y se torna más complicado, estas redes criminales han extendido sus operaciones mucho más allá del tráfico de drogas y el contrabando de personas. Ahora están incrustadas en una amplia franja de la economía legal, desde el cultivo del aguacate hasta la multimillonaria industria turística del país, lo que hace difícil tener la certeza absoluta de que las empresas estadounidenses están aisladas de las actividades de los cárteles.

“Esto ha surgido en administraciones anteriores de todo el espectro político y de miembros del Congreso que han querido hacerlo”, dijo Samantha Sultoon, asesora principal sobre política de sanciones y financiación de amenazas en los gobiernos de Trump y Joe Biden.