En Honduras, una ciudad con fines de lucro podría fracasar

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El abogado Jorge Colindres, recién perfumado y afeitado, me entregó un casco para que suba en ascensor hasta el piso 14 de lo que ahora es el edificio más alto de la isla hondureña de Roatán; casi el doble de lo que permite el código de construcción local. Cuando la construcción esté terminada, Duna Residences albergará 82 departamentos con vista a una selva de palmeras, al Caribe y a varios otros edificios nuevos que el gobierno hondureño considera ilegales.

Si Próspera fuera una ciudad normal, Colindres sería considerado su alcalde; su título aquí es “secretario técnico”. Mientras observábamos un claro entre los árboles en febrero, señaló hacia el pequeño complejo de oficinas donde trabaja recaudando impuestos y gestionando las finanzas públicas para los aproximadamente 2000 residentes físicos y electrónicos de la ciudad, muchos de los cuales han pagado una cuota por el derecho a vivir en Próspera o constituir una empresa a distancia allí. Cerca hay una fábrica que construirá casas modulares a lo largo de la costa, diseñadas por Zaha Hadid Architects. En la otra dirección, a alrededor de un kilómetro y medio, se encuentran algunos de los negocios de la ciudad: un café y centro educativo de bitcóin, una clínica de genética, una tienda de artículos de buceo. Los drones de un servicio de reparto de alimentos y suministros médicos despegarán desde esta azotea.

Aún no hay mucho más que ver. Sin embargo, la empresa con sede en Delaware que fundó esta ciudad experimental en 2017 ha recaudado 120 millones de dólares en inversiones —incluidas las de fondos de capital riesgo respaldados por los multimillonarios de Silicon Valley Peter Thiel, Sam Altman y Marc Andreessen— para transformar el territorio, de aproximadamente dos veces el tamaño de Mónaco, en la “ciudad startup” más desarrollada del mundo. Construida en una jurisdicción semiautónoma conocida como ZEDE (Zona de Empleo y Desarrollo Económico), Próspera es una ciudad privada con fines de lucro, con un gobierno propio que atrae a los inversores extranjeros mediante impuestos bajos y una regulación ligera. Las empresas pueden elegir un marco regulador de un menú de 36 países, o personalizar el suyo.

Una compañía californiana ofrece educación Montessori a unos 60 alumnos. La seguridad corre a cargo de una empresa privada de guardias armados. Un centro de arbitraje formado por tres jueces jubilados de Arizona se ocupa de la resolución de disputas. (Para entrar en la jurisdicción, me dijeron que tenía que firmar un “acuerdo de coexistencia” por el que me comprometía a cumplir 4202 páginas de normas, cuyas infracciones estarían sujetas a la autoridad jurisdiccional del centro de arbitraje).

Jorge Colindres, el abogado de 31 años a quien se consideraría alcalde de Próspera, si Próspera fuera una ciudad normal.Credit…Brian Finke para The New York Times